La distribución de denuncias por municipio confirma que la crisis del agua no es un fenómeno disperso, sino concentrado en los municipios centrales de la metrópoli. Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque suman 98% de los testimonios, una proporción casi idéntica a la registrada en la primera entrega de este diagnóstico (también 98% con 642 reportes), lo que confirma que la encuesta está documentando un patrón estructural y no un sesgo de muestra.

El hallazgo más contundente de la encuesta desmonta el discurso dominante sobre el problema del agua en Guadalajara. La narrativa oficial ha colocado el foco en el abasto y en la dependencia del Lago de Chapala, pero los reportes ciudadanos señalan otro lugar: lo que llega por la tubería llega en malas condiciones. El 50.5% de los 867 encuestados menciona mal olor; sumando agua turbia, con sedimentos o color extraño, el 82.9% del total documenta fallas visibles en el agua que recibe.

Esta distribución obliga a reformular la pregunta pública. La crisis del SIAPA, tal como la viven sus usuarios, no es principalmente una crisis de escasez: es una crisis de tratamiento, distribución y mantenimiento de la infraestructura que entrega el agua a los hogares. El mal olor persistente y los sedimentos visibles remiten a fallas en las plantas potabilizadoras, en la red de distribución, o en ambas. Son, técnicamente, problemas resolubles. Que persistan en la gran mayoría de los hogares encuestados es una decisión institucional.

867 reportes provienen de más de 390 colonias distintas del Área Metropolitana de Guadalajara, lo que confirma que no se trata de fallas localizadas en un par de puntos de la red, sino de un problema disperso a lo largo de toda la mancha urbana. Aun así, algunas colonias concentran un número desproporcionado de denuncias —Americana, Jardines del Country y Miravalle encabezan la lista—, lo que puede señalar tramos de la red especialmente deteriorados o zonas donde la atención institucional ha sido históricamente más débil. Esta distribución revela cómo la crisis se territorializa: el problema del agua no está lejos, está en la colonia.

La temporalidad de las afectaciones confirma que el problema del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara no es coyuntural ni responde a eventos aislados. El 64.2% de quienes respondieron lleva meses o más de un año enfrentando fallas, ya sea en calidad, suministro o presión, sin que se resuelvan. Este dato desmiente cualquier narrativa institucional que presente la crisis como una situación momentánea y coloca el foco en una falla persistente en la gestión del sistema hídrico.

En términos de derechos humanos, la prolongación del problema agrava sus impactos. No se trata de una afectación puntual, sino de una condición prolongada que modifica la vida cotidiana de las familias: obliga a gastar en agua embotellada, adaptar rutinas y, en muchos casos, asumir riesgos sanitarios. La normalización de estas fallas durante meses o años revela un proceso de precarización del servicio público, donde el acceso al agua de calidad deja de ser una garantía y se convierte en una incertidumbre constante.

El 54.2% de los 867 encuestados (470 personas) reportó el problema al SIAPA; el 44.1% (382 personas) decidió no hacerlo. Esa decisión de no reportar no es indiferencia: es, en muchos casos, el resultado de una desconfianza ya instalada en la capacidad institucional para resolver lo que se denuncia. La cifra que mejor resume esa desconfianza está en lo que ocurre después de reportar.

De las 470 personas que siguieron el canal oficial, solo 4 lograron que su problema se resolviera. Sumando a quienes no recibieron respuesta y a quienes la recibieron sin que se solucionara nada, el 97.4% de quienes reportaron se quedó sin solución. No es una falla puntual de atención al cliente: es la evidencia de un sistema de quejas que, en la práctica, no está diseñado para resolver.

Esa brecha tiene un costo doble. Por un lado, deja sin resolver el problema concreto en cada hogar. Por otro, alimenta el subregistro: si reportar no sirve, cada vez menos personas lo harán, y los sistemas de monitoreo institucional —que dependen precisamente de esas denuncias para detectar fallas y justificar inversión— pierden la información que necesitan para actuar.

El 48.8% de las 867 personas encuestadas (423 hogares) afirma que alguien en su casa ha tenido afectaciones de salud que asocia con el agua que recibe. Otro 33.8% no está seguro pero sospecha una relación —una zona de incertidumbre que, en sí misma, es un dato relevante: cuando ocho de cada diez personas reportan agua con mal olor, color extraño o sedimentos, no resulta extraño que la duda sobre el origen de un malestar de piel o estómago recaiga sobre el agua de la llave.

Dentro de las afectaciones de piel —el síntoma más reportado por mucho— las familias describieron, con sus propias palabras:

La tipología de las afectaciones refuerza esta lectura. Los problemas dermatológicos y gastrointestinales son consistentes con exposición a agua contaminada o no apta para consumo. Entre los testimonios también aparecen casos puntuales pero graves: salmonelosis, hepatitis, tifoidea y una mención de E. coli, que un estudio epidemiológico formal debería verificar, pero que no pueden desestimarse dado el patrón general que documenta esta base de datos.

De las 674 personas que indicaron su género, 68.4% son mujeres frente a 28.5% de hombres. La proporción es prácticamente idéntica a la registrada en la primera ronda del diagnóstico (66.9% mujeres sobre 454 personas), lo que descarta que se trate de un sesgo de muestra puntual y confirma una tendencia consistente: son las mujeres quienes documentan de manera sistemática la crisis del agua en sus hogares.

El cruce entre género y salud agrega un matiz importante: 54.0% de las mujeres encuestadas reportó alguna afectación de salud asociada al agua en su hogar, frente a 45.8% de los hombres. Esa diferencia es consistente con el rol que históricamente asumen las mujeres en la gestión doméstica del agua —notar el olor, el color, decidir si es segura para bañar a una niña o cocinar, comprar garrafones cuando no lo es—, una carga de trabajo y de exposición que no siempre es visible en los diagnósticos institucionales.

Cualquier propuesta de reconstrucción del SIAPA que no incorpore esta dimensión de género estará incompleta.

Una parte sustancial de quienes respondieron no se limitó a describir el problema: lo documentó. El 67.5% de los 867 encuestados (585 personas) cuenta con algún tipo de evidencia material —fotografías, videos, recibos de agua o reportes formales ya presentados— lo que convierte esta base de datos en un archivo verificable, no solo en un registro de percepciones.

La disposición a involucrarse va más allá de reportar un problema individual. El 77.4% de quienes respondieron (671 de 867) dijo querer recibir información sobre acciones ciudadanas de la campaña, y al preguntar específicamente en qué les interesaría participar, las respuestas muestran un abanico de niveles de involucramiento: desde quienes solo buscan que su caso quede registrado hasta quienes ya están dispuestos a sumarse a denuncias colectivas o movilizaciones.

211 personas ya manifestaron su disposición a sumarse a denuncias colectivas, y 57 más a movilizaciones públicas. Es una base organizativa concreta, no hipotética, sobre la que la campaña puede construir comités vecinales del agua y exigir la contraloría autónoma que plantea #ElSiapaQueQueremos.

La primera entrega de este diagnóstico documentó 642 reportes con datos hasta abril de 2026. Tres meses más de recolección —hasta el 29 de junio— suman 225 testimonios adicionales y permiten algo que la primera ronda no podía ofrecer por sí sola: confirmar que el patrón no era casualidad de la muestra, sino una constante.

Para mayor transparencia metodológica, esta es la síntesis de las 12 preguntas del cuestionario ciudadano y su resultado agregado sobre las 867 respuestas recibidas al 29 de junio de 2026.

El cuestionario incluye además campos de identificación (nombre, género, teléfono, correo) usados exclusivamente para verificación interna y seguimiento de casos, y no se publican de forma individual.