Propuesta para reconstruir el SIAPA con enfoque de derechos humanos

Un conjunto de 23 organizaciones y colectivos de derechos humanos, defensa del agua, la salud, el territorio y causas ambientales, junto con 5 redes de articulación entre comunidades y academia, presentaron la propuesta ciudadana #ElSiapaQueQueremos — Más que garantizar servicios, garantizar derechos, un documento que plantea la reconstrucción integral del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) bajo un enfoque de derechos humanos, participación social e interseccionalidad.

La propuesta se construyó, de acuerdo con el documento, a partir de diagnósticos, talleres y consultas ciudadanas realizadas en calles, barrios, colonias, plazas públicas, escuelas, universidades y centros de trabajo del Área Metropolitana de Guadalajara, además de incorporar las voces de trabajadores del propio SIAPA. El organismo, creado en 2002 como Organismo Público Descentralizado Intermunicipal mediante un convenio entre Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, atiende actualmente a un padrón de entre 1.2 y 1.3 millones de cuentas.

El eje central de la propuesta rebate la lógica con la que se ha administrado el sistema: las organizaciones firmantes sostienen que el SIAPA, más que un prestador de servicios, es un organismo obligado por la Ley General de Aguas de 2025 y por el marco internacional de derechos humanos —en particular la resolución A/RES/64/292 de la ONU de 2010— a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Desde esa base, exigen mantener en todo momento el carácter público en la gestión y administración del agua.

Un diagnóstico de 20 fallas estructurales

El documento enumera 20 problemáticas que, según las organizaciones, requieren atención urgente. Entre ellas figura la deficiente calidad del agua que pone en riesgo la salud de las personas y no cumple con los estándares normativos, acompañada de lo que califican como opacidad y cambio de argumentos por parte de los directivos del SIAPA y del Gobierno de Jalisco para minimizar las problemáticas sobre el color, olor y calidad del líquido.

El diagnóstico señala también la pérdida del 50 % del agua por fugas en tuberías obsoletas, el incremento de tarifas pese a las fallas en el abastecimiento, la cartera vencida equivalente al 50 % del padrón, y la nula modernización tecnológica del sistema. A ello se suma el debilitamiento del personal con experiencia por jubilaciones y despidos, la subcontratación de tramos del sistema —cobranzas, lectura de medidores, obras, mantenimiento— y la inconformidad de las y los trabajadores por la falta de instrumentos de trabajo y garantías laborales.

En el plano de la gobernanza, la propuesta documenta la ausencia de representatividad y participación social en la toma de decisiones: en la actual Junta de Gobierno solo existe un lugar para la representación de asociaciones vecinales. A ello se añaden los beneficios que, según el documento, reciben empresas inmobiliarias y grandes usuarios comerciales e industriales mediante el otorgamiento de estudios de factibilidad, así como la corrupción comprobada, estructural y sistemática reconocida por diversas auditorías externas sin que haya derivado en sanciones ni medidas de no repetición.

Un punto específico del diagnóstico nombra la represión e imposición de obras hidráulicas a base de fuerza policiaca, con el caso del colector pluvial en San Rafael como ejemplo documentado por las organizaciones.

Tres etapas para reestructurar al organismo

La propuesta plantea un proceso de reconstrucción en tres etapas. La primera, de corto y mediano plazo, se concentra en atender la emergencia de calidad del agua y salud: transparentar todos los estudios y análisis sobre contaminación biológica y metales pesados, instalar una mesa permanente sobre calidad del agua con participación social, técnica y ambiental, y dotar al personal del SIAPA de insumos y herramientas dignas. En esta fase, las organizaciones piden también la entrega y publicación inmediata del Proyecto Ejecutivo del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara para su consulta técnica, social y ambiental, además de un periodo de prueba de seis meses a un año para la nueva dirección del organismo, con evaluación social, técnica y ambiental.

La segunda etapa, de mediano y largo plazo, apunta al combate estructural de la corrupción y al cambio del modelo de gestión. Las firmantes sostienen que el SIAPA no representa en este momento los intereses de la ciudadanía, y que sus instancias —Junta de Gobierno, Comisión Tarifaria, Consejo Técnico, órganos de control y Consejo Técnico Ciudadano de Transparencia— carecen de participación y control social. Exigen revisar los criterios y procesos de selección de sus integrantes, así como garantizar la participación ciudadana plural, con voz y voto, y la representación de los trabajadores en todas las instancias. También demandan la revisión de todas las auditorías realizadas al SIAPA desde 2014 por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría estatal, con medidas efectivas de sanción, reparación y no repetición.

En esta misma etapa, las organizaciones condicionan cualquier transformación de fondo a una moratoria frente a la creciente industrialización, urbanización y agronegocios que, afirman, dañan el ciclo socionatural del agua, los ecosistemas y la biodiversidad. Plantean la transición de un modelo basado en grandes obras hidráulicas hacia un paradigma de cuidado, protección y regeneración de los cuerpos de agua.

La tercera etapa agrupa la actualización y modernización tecnológica: sistemas digitalizados de monitoreo en tiempo real sobre calidad y cantidad del agua con acceso público, detección digital de fugas, sectorización de la red, reparación y cambio de tuberías, moratorias a las factibilidades y cambios de uso de suelo, soluciones basadas en la naturaleza, iniciativas de ciudades esponja, captación y reuso del agua y reforestación de zonas de recarga.

El documento concluye que la razón de ser del SIAPA debe ser garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, la participación social y una gestión pública y comunitaria del agua como bien común fundamental para la vida. Bajo esa premisa, la propuesta sostiene ocho ejes rectores: ciudadanización y democratización del organismo, tarifas justas, alto a la corrupción y a la privatización, acceso a la información y rendición de cuentas, agua y saneamiento para todas las personas, reconocimiento del agua potable como derecho y bien común, modernización tecnológica y acceso a la justicia en materia hídrica.

La campaña #ElSiapaQueQueremos —bajo el lema Agua para la Vida, NO para el Negocio— coloca la discusión sobre el SIAPA fuera del terreno estrictamente administrativo y la inscribe en el marco más amplio de la crisis hídrica metropolitana, las responsabilidades institucionales acumuladas durante más de una década y el derecho de la ciudadanía a decidir sobre los bienes comunes.

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